Toda actividad comercial y toda creación implican una inversión, tanto económica como humana. De ahí que, cuando el esfuerzo realizado obtiene la recompensa anhelada de alcanzar el éxito, suelen surgir problemas derivados de los comportamientos de terceros que pretenden aprovecharse de ese esfuerzo ajeno. Si tenemos en cuenta que la creatividad y la innovación son pilares fundamentales de nuestra economía en cuanto contribuyen a la creación de riqueza, la propiedad industrial e intelectual adquiere una vital importancia ya que supone el reconocimiento de derechos sobre propiedades inmateriales o bienes intangibles que contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades y a la competitividad de las empresas.
Ese aprovechamiento del esfuerzo ajeno se pone de manifiesto cuando apreciamos que la piratería de los derechos de autor y la falsificación de productos, servicios, diseños o desarrollos protegidos mediante marcas y patentes (o cualquier otra modalidad de propiedad industrial) es un fenómeno bastante común, de carácter global, que provoca grandes pérdidas a los creadores y legítimos titulares de esos derechos, los cuales han de tener presente la existencia de mecanismos y medidas legales que les ayudan a proteger los frutos de su esfuerzo, así como a combatir esos quebrantos y perjuicios.
El único fin que guía a los falsificadores es el ánimo de lucro, obviando incluso la salud o la seguridad de las personas. l Por ello, hemos de ser conscientes de que las falsificaciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual suponen, además de cuantiosas pérdidas económicas, un riesgo grave para la salud y seguridad del consumidor (por ejemplo, en lo que respecta a las falsificaciones de medicamentos y juguetes falsos), así como una pérdida de puestos de trabajo y una reducción de millones de ingresos públicos.
Los falsificadores han aprovechado la crisis sanitaria mundial para fabricar pruebas falsas para el diagnóstico de la enfermedad, medicamentos, equipos de protección personal, mascarillas, etc.
No debemos olvidar que las falsificaciones o vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituyen un delito y así lo recoge nuestro Código Penal, que castiga al que con fines comerciales y sin el consentimiento del titular de una marca o de una patente y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio productos que incorporen un signo distintivo confundible con el registrado cuando se trate de los mismos productos o similares, u objetos amparados por esos derechos de propiedad industrial. Igualmente castiga al que con ánimo de obtener un beneficio económico y en perjuicio de un tercero, reproduzca, plagie, distribuya o explote económicamente una creación literaria, artística o científica sin la autorización del titular de sus derechos de propiedad intelectual.
Y dado que se trata de un delito, hemos de tener presente la existencia de autoridades policiales, judiciales y aduaneras que persiguen las prácticas delictivas y con las que los titulares de los derechos han de colaborar para la defensa de los mismos. Así, cuando los productos falsificados son fabricados y/o comercializados en España, es necesaria la intervención de la autoridad policial especializada para perseguir ese delito, la cual podrá practicar las correspondientes redadas y podrá incautar las mercancías falsificadas, siendo siempre muy importante la colaboración del titular registral.
La Unión Europea en su informe de situación sobre la vulnerabilidad de la propiedad industrial, fechado en junio de 2020, estimó el valor anual de las importaciones de productos falsificados en la UE en 121.000 millones de euros, lo que representa el 6,8 % de las importaciones de la UE procedentes del resto del mundo. La presencia de falsificaciones en el mercado de la UE provoca la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo, 83.000 millones de euros en ventas perdidas en la economía legítima y 15.000 millones de euros en ingresos fiscales perdidos, aumentando todos los años tanto el valor de los productos incautados como el número de detenciones.
Las industrias más afectadas por importaciones falsificadas en la UE son las siguientes: Maquinaria eléctrica y electrónica, juguetes y juegos, joyas, relojes, aparatos médicos, vehículos, prendas de vestir, calzado, perfumería y cosmética, bebidas.
China es el principal país de procedencia de las mercancías sospechosas de infringir derechos de propiedad intelectual que llegan a la Unión Europea, especialmente relojes, teléfonos móviles y accesorios, tarjetas de memoria y palos, y etiquetas y pegatinas.
Turquía para productos alimenticios y encendedores, Guatemala para bebidas alcohólicas, Santa Lucía para otras bebidas, Georgia para gafas de sol, Bangladesh para CD/DVD, Bulgaria para cigarrillos, Serbia para otros productos del tabaco, Singapur para medicamentos.
En España las falsificaciones suponen la pérdida de 6.766 millones de ventas al año y de 53.467 empleos, siendo los jóvenes el sector poblacional que más adquiere productos falsificados. Los sectores más afectados por las falsificaciones son: Prendas de vestir (pérdidas de 3.808 millones), medicamentos (pérdidas de 853 millones), cosméticos (839 millones), vinos y espirituosos (pérdidas de 438 millones) y smartphones (pérdidas de 386 millones).
La mayoría de las incautaciones policiales se realizaron en establecimientos o locales públicos (el 20,73%), en los recintos aduaneros de puertos y aeropuertos (20,23%), y en domicilios particulares (18,97 %).
El incremento de las actuaciones debe ser interpretado también como una señal positiva, en tanto que demuestra la cada vez mayor capacidad de actuación de las autoridades, tanto europeas como españolas, en la lucha contra la piratería y falsificaciones. También su afán por proporcionar a los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual garantías de protección del fruto de su actividad innovadora y creativa, en tanto que de esto depende directamente la competitividad de las empresas.
No podemos pasar por alto, no obstante, el papel que está jugando el comercio online en la evolución del fenómeno de la piratería y falsificación. Esta práctica no está sino acelerando de manera imparable desde el inicio de la pandemia. Paralelamente y, en consecuencia, también las actividades ilícitas relacionadas con la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial han crecido a raíz de esta situación, como ya señalan diversos informes de autoridades internacionales y nacionales. Por ello, hoy es más importante que nunca luchar contra esta lacra, que perjudica enormemente nuestra economía y capacidad innovadora, en una situación de incertidumbre como la actual.
El perfil de los productos falsificados y los canales de distribución sigue evolucionando, la naturaleza del transporte está cambiando y se está diversificando (ferrocarril, zonas francas, uso de paquetes pequeños como reflejo del aumento del comercio electrónico). También las preocupaciones por la salud y la seguridad están aumentando a medida que la falsificación de consumibles cotidianos, como los medicamentos, se vuelven más frecuentes.
Pero afortunadamente, y además de los avances de las autoridades tanto europeas como españolas en materia de detención en Aduanas, la gran evolución tecnológica ha posibilitado la creación de herramientas que permiten a los titulares la vigilancia on line de sus derechos. De esta forma, hoy ya es posible investigar y detectar en tiempo real la infracción de sus derechos en mercados digitales, lo que les permite actuar de forma más activa, rápida y eficaz en la defensa de los mismos, así como llevar a cabo negociaciones directas con el fin de llegar a acuerdos extrajudiciales y alcanzar una solución definitiva a la situación conflictiva surgida.
En definitiva, el problema de la piratería y la falsificación es hoy más grave que nunca, pero también disponemos de más herramientas y recursos que en ningún otro momento de nuestra historia para hacerle frente, combatirlo y evitar sus devastadores efectos económicos y humanos.