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El Derecho al Olvido en España

¿Tenemos control sobre los datos que sobre nosotros figuran en Facebook, Twitter o Linkedin, Google, Flickr? ¿Tienen derecho los buscadores a recabar y exhibir cualquier dato sobre mi? ¿Podemos solicitar su eliminación en cualquier momento? ¿Estamos seguros de que todos los datos personales, fotos, historial o comentarios serán eliminados inmediatamente?

Sin duda alguna, el derecho al olvido, será en un futuro muy próximo, el reto a abordar ante la actividad incesante de los usuarios en internet y la configuración de las redes sociales y los buscadores como los medios elegidos por los internautas para la puesta a disposición de sus contenidos.

El derecho al olvido no es más que la facultad que posee el usuario de Internet a solicitar la baja o cancelación de aquellos datos que sobre él aparecen en la Red, así como su derecho a oponerse al tratamiento de los mismos; es por tanto una extrapolación más del derecho a la privacidad y a la protección de datos de carácter personal aplicado en este caso al mundo virtual.

Si bien la legislación española reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de su imagen y de sus datos personales y a decidir sobre los usos que se hacen sobre los mismos sin su consentimiento, la complejidad que conlleva su control en la Red, motiva la importancia cada vez mayor del ejercicio de este derecho al olvido, ya que el grado de eliminación de los datos cuando los mismos hayan sido compartidos con terceros y éstos mantengan su perfil activo, es limitada.

Para poder aplicar este principio de derecho al olvido será necesario en primer lugar identificar quienes son los responsables del tratamiento de esta información. Según establece la ley 43/2002 “las personas responsables de los tratamientos de datos personales en Internet son los prestadores de servicios de la sociedad de la información”, si bien se les exime de responsabilidad de la información tratada, cuando se cumpla con determinadas condiciones y con ciertas excepciones.

Asimismo, para los usuarios de redes sociales la referida ley establece la responsabilidad civil y penal de los mismos, por la incorporación de información sobre otras personas en sus cuentas de usuario.

Este derecho al olvido se hace efectivo a través de la aplicación del derecho de cancelación de los datos personales así como del derecho a oponerse al tratamiento de los mismos, es decir, cualquier ciudadano, siempre que no ejerza un cargo público o profesión de notoriedad, debería poder oponerse al tráfico ilegítimo de sus datos en Internet y ejercer el derecho a su cancelación ante el titular del sitio web, quien deberá proceder a la eliminación de la información personal.

En cuanto al derecho de oposición al tratamiento de datos personales en buscadores tales como Google dicho derecho ha sido reconocido por la Agencia Española de Protección de Datos, la cual instó al referido buscador a adoptar las medidas necesarias para facilitar la retirada de datos e imposibilitar que dichos datos sigan apareciendo en un futuro.

La ejecución de este derecho en lo que respecta a los buscadores se ha convertido en una tarea ardua debido a la gran cantidad de información que se distribuye a través de los mismos, hecho que ha llevado a la Audiencia Nacional a plantear una cuestión prejudicial sobre la protección de datos de los particulares en Google y sobre el hecho de que estos datos se encuentre en la Red de forma perpetua. Las respuestas del Tribunal de Luxemburgo serán vinculantes a todos los estados miembros.

Mientras, existen entidades especializadas que ofrecen sus servicios de protección de reputación on line y defensa del derecho al olvido, utilizando las herramientas que la legislación vigente contempla, bien para lograr la eliminación del contenido negativo, o bien posicionando el contenido positivo mejor que el negativo de modo que se logra neutralizar los efectos.

En definitiva lo que se pretende con esta legislación es dar al usuario de Internet la potestad de eliminar de manera completa todos aquellos datos que no desea que sean difundidos permitiéndole un mayor control de los mismos y reconociendo su derecho a ser olvidado.