El 12 de junio del 2018 México se adhirió al “Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal” (en lo sucesivo, Convenio N° 108) y, de igual manera, al “Protocolo Adicional relativo a las autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos de Datos” (en lo sucesivo, Protocolo Adicional).
A raíz de ello, México cuenta con herramientas que permiten lograr el apoyo internacional e intercambio de información para la defensa de datos personales de los particulares y el derecho al respeto a la vida privada. Además de que conlleva un carácter obligatorio, es el único tratado internacional en materia de protección de datos personales de carácter vinculatorio en 53 países, lo que refiere a una vocación universal.
Actualmente, nuestro país está dirigiendo varias acciones con el fin de lograr el reconocimiento formal y la adecuación al reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. La necesidad de ratificar el Convenio 108 plus del Consejo de Europa, nace a raíz de la firma y entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que resalta la importancia del tráfico transfronterizo de los datos personales.
El Estado mexicano, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha iniciado las gestiones necesarias para suscribir el Convenio 108 modernizado, además de exponer que, en el caso mexicano, es importante actualizar diversos aspectos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para poder lograr la adecuación al reglamento europeo.
El Convenio 108 tiene como objetivo central garantizar a cualquier persona física el respeto de su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento automatizado de los datos personales, mientras que el Protocolo adicional se refiere a la necesidad de que los Estados Parte dispongan de una autoridad responsable de garantizar el cumplimiento del Convenio.
Con esta adecuación, se busca ensanchar la normatividad mexicana y adaptarla a la realidad que impone la era digital, acelerada por la pandemia.
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