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Del comercio ilícito en los tiempos del COVID

La pandemia mundial del COVID-19 que nos afecta desde el mes de marzo de 2020, ha cambiado por completo nuestras vidas y nos ha obligado a mantener estrictas cuarentenas por largos períodos de tiempo, que hasta el día de hoy se mantienen en extensas regiones del territorio de Chile, así como en el resto del mundo.

En Chile, como en otros muchos países, la situación ha derivado en una lamentable alza en las tasas de desempleo, que actualmente superan el 12% de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y que como un efecto cascada ha generado un incremento exponencial del comercio ilícito.

El panorama resulta preocupante a la luz de la experiencia vivida en otros países, que ya se encuentran atravesando la tercera ola de contagios, sin que se vislumbre una solución a corto plazo mientras la vacuna llega al grueso de la población para lograr una inmunización masiva.

Según las cifras que maneja el Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) de la Cámara Nacional de Comercio de Chile (CNC), el comercio ilícito tanto presencial como online viene en un alza sostenida en los últimos dos trimestres del año. Tan sólo las ventas informales por medio de canales digitales se han incrementado un 138% en el tercer trimestre de 2020, cifra muy superior a los anteriores registros de mediciones similares efectuadas.

Por otra parte, y según la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas (SNA), que ha realizado desde hace años una labor destacada e incansable en el combate a estos delitos, ya en el año 2019 y previo al efecto de la pandemia, se incautaron más de 13 millones de productos falsificados con un valor que superaba los 151 millones de dólares. De ellos, cerca de 8 millones correspondían a productos calificados como peligrosos para la salud, tales como cosméticos, productos farmacéuticos, electrónicos, juguetes e incluso alimentos.

Detengámonos por un minuto y pensemos en el grave daño a la salud que puede causar un maquillaje deficiente en la piel de una adolescente, un fármaco falsificado a una persona sana o enferma, o el riesgo de resultar electrocutado de una persona que manipule un cargador telefónico que no cuente con las autorizaciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). O, por ejemplo, las graves lesiones que podría sufrir un trabajador que manipule un taladro que no cumpla con los estándares de seguridad. Ni hablar de los accidentes y consecuencias que podrían causar repuestos, partes y piezas defectuosos de vehículos motorizados como frenos o airbags de automóviles, que son elementos de seguridad básicos para los pasajeros, o el grave riesgo de asfixia o lesiones de un menor de edad al utilizar juguetes falsificados que contienen piezas de tamaños reducidos o fabricadas con elementos tóxicos para su salud.

A lo anterior se agrega que, con el paso de los años, esta actividad ilícita se ha ido masificando y “profesionalizando”, siendo cada vez más difícil poder identificar a simple vista un producto original de otro que es falsificado. Hoy en día el abanico de productos falsificados es tan amplio, que ya no sólo se reduce a los productos que “tradicionalmente” se falsificaban como ropa o zapatillas deportivas, sino que ha ido evolucionando y adecuándose a la realidad de los mercados de cada país, encontrando en Chile, por ejemplo, un nicho en la minería, en el cual ya se han detectado algunos casos de productos tan específicos como rodamientos para camiones mineros falsificados que han intentado ser ingresados a nuestro país para ser comercializados en el mercado nacional relevante.

En la misma línea, y dentro del contexto de pandemia mundial que enfrentamos por el COVID-19, han sido detectados numerosos productos falsificados relacionados al ámbito de la salud, que van desde mascarillas falsificadas que no cumplen con los mínimos estándares de protección, alcohol gel cuyos componentes se desconocen, hasta partes o piezas de respiradores artificiales, y un sinnúmero de medicamentos mágicos que supuestamente son capaces de curar y/o proteger a quien los ingiera de las afecciones del coronavirus, cuestión que por supuesto es una gran farsa y pone en peligro la salud de todos.

De esta manera, el daño que se genera dentro del mercado nacional no sólo afecta de forma directa a los titulares de marcas comerciales registradas, quienes ven con gran preocupación cómo su reputación e imagen corporativa forjada por décadas de esfuerzo se ve gravemente afectada por productos que no cumplen los mínimos estándares de calidad y seguridad;  sino que también al erario del Estado por la evasión en el pago de tributos o impuestos que genera el comercio ilícito de estas mercancías que ingresan (usualmente como contrabando); al comercio establecido que ve con impotencia cómo bajan sus ventas; y por sobre todo el grave daño a la salud pública que se genera por el ingreso de estos productos a nuestro territorio nacional.

Más allá de los esfuerzos realizados por organizaciones como la International Trademark Association (INTA) que agrupa a titulares y representantes de marcas registradas en todo el mundo, y que a través de su campaña UNREAL ha intentado educar y advertir a los consumidores (en especial a los adolescentes) respecto de los peligros que acarrea el adquirir este tipo de productos en el comercio ilícito, o las campañas JUGUEMOS LIMPIO y COMERCIO JUSTO impulsadas por el OCI en este mismo sentido, se extraña que no exista una política a nivel gubernamental en este mismo sentido.

De la misma manera, resulta imprescindible que los diversos actores que participan del combate al comercio ilícito (entre ellos los Jueces de Garantía y los Fiscales del Ministerio Público), tomen conciencia real de este tema dándole la importancia que merece, puesto que lejos de tratarse de un conflicto entre privados o particulares por una infracción marcaria, el comercio ilícito es una actividad de suma gravedad que muchas veces esconde un serio entramado de organizaciones criminales que se dedican a actividades relacionadas (tales como el narcotráfico o el tráfico de armas) que como hemos visto causan un grave perjuicio en distintos frentes, siendo necesario atacar no sólo el final de la cadena que es el importador o consignatario, sino que ir aguas arriba hasta llegar al origen del problema y descubrir quién está detrás de estas actividades ilegales.

Esperemos que como país estemos dispuestos a dar esta dura batalla, ya que de lo contrario todos los esfuerzos que hagamos en combatir estos delitos serán insuficientes, las leyes se irán transformando en letra muerta, y las campañas de educación y concientización serán una mera prédica en el desierto para las futuras generaciones.

Diego Acuña